En el marco del procedimiento administrativo peruano, regulado por la Ley N.º 27444, es común encontrar errores que afectan la validez de los actos administrativos y los derechos de los ciudadanos. Estos errores, aunque a veces involuntarios, pueden tener consecuencias legales importantes tanto para la administración pública como para los administrados.

Uno de los errores más frecuentes es la omisión de la debida notificación. La notificación es el medio por el cual se comunica oficialmente un acto administrativo. Si esta no se realiza correctamente, el administrado puede no tener conocimiento de una resolución, lo que vulnera su derecho de defensa y puede invalidar el acto.

Otro error común es la falta de motivación en las resoluciones. Todo acto administrativo debe estar debidamente fundamentado, indicando las razones legales y fácticas que justifican la decisión. La ausencia de motivación puede ser causal de nulidad, ya que afecta la transparencia y el control de legalidad.

También se observa la extralimitación de funcionespor parte de algunas autoridades, cuando resuelven más allá de lo que la ley les permite. Este tipo de error genera actos administrativos inválidos y puede dar lugar a denuncias por abuso de autoridad.

Un cuarto error frecuente es el incumplimiento de plazos legales, ya sea por dilación o por omisión del impulso de oficio. Esto genera incertidumbre jurídica y puede dar lugar al silencio administrativo negativo, afectando el acceso oportuno a derechos o beneficios.

Por último, está el error en la recepción o valoración de pruebas, especialmente cuando no se permite al administrado ejercer adecuadamente su derecho de defensa, lo que compromete el principio del debido procedimiento.

Las consecuencias legales de estos errores van desde la nulidad del acto administrativo hasta la responsabilidad disciplinaria o civil del funcionario que los comete. Además, pueden dar lugar a recursos de revisión, demandas contencioso-administrativas o incluso acciones constitucionales como el amparo.

En conclusión, la observancia estricta de las reglas del procedimiento administrativo no solo asegura decisiones justas y legales, sino que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantiza el buen funcionamiento del Estado.