En España, el proceso de concesión de la Ley de Dependencia se caracteriza por plazos excesivamente largos, que en muchos casos se extienden durante meses o incluso años. Esto resulta especialmente crítico para las personas en situación de dependencia, quienes requieren de una atención urgente.

¿Cuáles son las principales causas de esta ineficacia? ¿Se debe a la falta de personal especializado para analizar y valorar los casos? ¿O es consecuencia de una burocracia excesiva que ralentiza los trámites? ¿Podrían los métodos informáticos y humanos obsoletos estar contribuyendo a estos retrasos?

¿Sería necesaria una reestructuración integral del sistema para mejorar su eficiencia y garantizar una atención más rápida y efectiva?