Cuando el agente social impone la toma de decisiones de la persona usuaria que ha solicitado la intervención social, impidiéndole pues la libertad de la persona usuaria de la toma de sus propias decisiones en el proceso de desenvolverse dentro de una estado social. Esto hace que la persona usuaria no pueda empoderarse ni tener autonomía sobre sus propias acciones, convirtiéndose pues en una forma de control social esta intervención.

Como profesionales del ámbito social, se debe velar siempre por la autonomía de las personas, y defender su libre decisión. Es cierto que en ocasiones el trabajo estará en gran medida guiado por políticas públicas, marcos legales y directrices institucionales que pueden limitar la capacidad de actuar de manera completamente independiente. A pesar de esto, se sigue teniendo una gran responsabilidad de cara al usuario. En ocasiones, se corre el riesgo de adoptar comportamientos paternalistas o autoritarios, convirtiendo la intervención en una herramienta para imponer condiciones o moldear comportamientos según lo que se considera "correcto".

Para evitar que la intervención social se convierta en control social, es fundamental adoptar un enfoque centrado en la persona, respetando su autonomía y se fomente su empoderamiento. Respecto a los temas más políticos o legislativos, se debe recordar que no son perfectos. La tarea pendiente en este caso es luchar para conseguir que sean lo más justos e igualitarios posibles, considerando todos los escenarios y casos que pueden existir, para abarcar de forma efectiva los problemas reales de las personas vulnerables.