El derecho internacional puede desempeñar un papel crucial para garantizar que las empresas multinacionales rindan cuentas por sus impactos ambientales, incluso en países con regulaciones más débiles, a través de diversos mecanismos normativos, institucionales y de gobernanza. A continuación, las principales vías:

1. Tratados y Convenios Internacionales Ambientales

Los tratados multilaterales pueden establecer obligaciones vinculantes para los Estados y, en algunos casos, influir en la conducta de las empresas multinacionales. Algunos ejemplos:

Acuerdo de París (2015) sobre cambio climático.

Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Aunque estos instrumentos obligan directamente a los Estados, estos deben incorporar los principios en su legislación nacional, lo que afecta indirectamente a las empresas.

2. Principios del Derecho Internacional

Ciertos principios pueden servir como guía para exigir responsabilidad:

Principio de "quien contamina paga".

Principio de prevención y precaución.

Debido respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

Estos principios son reconocidos en instrumentos como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992).

3. Derechos Humanos y Medio Ambiente

La vinculación entre el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente sano ha sido reconocida por la ONU. Las violaciones ambientales que afectan derechos humanos (como el acceso al agua, salud, vida) pueden ser denunciadas ante sistemas internacionales como:

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, especialmente a través del Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente.

4. Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (Ruggie, 2011)

Aunque no son jurídicamente vinculantes, estos principios son ampliamente aceptados y proponen:

Deber del Estado de proteger.

Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y ambientales.

Acceso a mecanismos de reparación.

Algunos países están incorporando estos principios en su legislación, como Francia con la Ley de Vigilancia (2017), que exige a las grandes empresas prevenir daños ambientales y sociales.

5. Litigios Transnacionales

Víctimas en países con regulaciones débiles pueden demandar a empresas multinacionales en los tribunales de los países sede de estas, por ejemplo:

Caso Chevron–Texaco en Ecuador: intentos de demandar en EE. UU.

Caso Shell en Nigeria: litigios en Países Bajos por contaminación ambiental.

Algunos tribunales han aceptado jurisdicción extraterritorial en casos de daños ambientales, aunque aún es una práctica limitada.

6. Iniciativas Voluntarias y Estándares Internacionales

Aunque no son vinculantes, ejercen presión reputacional:

Normas OCDE para Empresas Multinacionales.

ISO 14001 (gestión ambiental).

Global Reporting Initiative (GRI) y otras formas de reporte de sostenibilidad.

7. Propuestas hacia un tratado vinculante

Desde 2014, la ONU trabaja en la elaboración de un Tratado internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que incluiría obligaciones ambientales. De ser aprobado, podría fortalecer la rendición de cuentas jurídica de las empresas a nivel global.

Aunque actualmente el derecho internacional se basa en normas indirectas y mecanismos limitados para responsabilizar directamente a las empresas multinacionales por daños ambientales, hay una evolución progresiva hacia mayores estándares, responsabilidades extraterritoriales y desarrollo de un marco vinculante. El reto principal sigue siendo la implementación efectiva y el compromiso político de los Estados, especialmente en países con legislaciones débiles.

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