La responsabilidad estatal sin elemento indemnizatorio se refiere a la obligación del Estado de actuar de manera diligente y conforme a la ley, sin que necesariamente implique compensar económicamente a los afectados por sus acciones u omisiones. En esta acepción, la responsabilidad se centra en la corrección de la conducta estatal y la garantía del respeto a los derechos y normativas, más que en la reparación de daños. Es una forma de asegurar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en la administración pública, promoviendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales
Desafortunadamente estos casos se dan por la falta de profesionalización de los directivos de las instituciones publicas, y la falta un órgano administrativo que regule el actuar de estos funcionarios, es decir, llegan los nuevos titulares y de manera inconsciente asumen que son dueños de las instituciones y de todos sus activos, y por ende empieza el despido masivo de los colaboradores, sin importar las posibles demandas que estas pudieran generar, afectando el erario publico en su momento.
De ahí la importancia igual de contar con una reglamentación del servicio profesional de carrera y demás normativa que regule y garantice anomalías del estado, tanto con los colaboradores, así como la sociedad que normalmente se ve afectada en temas de justicia y salud principalmente.
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